Garantiza la protección de testigos y denunciantes que informen o presten declaración ante las autoridades competentes respecto a actos de corrupción, o actos que afecten el patrimonio del Estado.

Elimina los términos peyorativos usados para denominar a las personas con discapacidad presentes en el Código Civil y demás normas vigentes, además de aquellos que les impiden el pleno ejercicio de su capacidad jurídica.

Establece medidas de protección integral, cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria y prestar asistencia a las mujeres, sus hijos menores
y a los menores sujetos a su tutela, guarda y custodia, de este tipo de violencia.

Las empresas de servicios públicos, como agua y electricidad, están reguladas por el Ente Regulador. Para contratar servicios, no se requerirá título de propiedad, solo un medio que justifique la presencia en el inmueble. Las resoluciones del Ente solo se pueden apelar ante la Corte Suprema si superan B/.25,000.00.

Se añaden los artículos 14-A y 14-B a la Ley 22 de 27 de junio de 2006, estableciendo que para ser Director General o Subdirector General se requiere ser panameño, mayor de 30 años, tener un título universitario y 10 años de experiencia en contrataciones, así como no tener condenas por delitos patrimoniales. También se prohíbe tener interés económico en empresas que contraten con el Estado.