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La Asamblea Nacional inició la discusión del Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a 34,901 millones de dólares, la cifra más alta registrada en el país. Para estas vistas presupuestarias se implementó un esquema que asigna tiempos definidos a diputados e instituciones, con el propósito de dar mayor orden y claridad al proceso. Las primeras comparecencias estuvieron a cargo de entidades reguladoras y órganos de fiscalización, que deberán complementar la información requerida en un plazo de ocho días.

El Parlamento panameño formalizó su adhesión a la Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), una plataforma internacional de legisladores que busca evaluar y responder a la influencia política y económica del gobierno chino en diferentes países. La decisión fue respaldada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá y abre un debate interno sobre el rol del Legislativo en asuntos de política exterior y soberanía nacional.

En el Legislativo se anunció el traslado de funcionarios adscritos a las Oficinas de Participación Ciudadana, medida que anticipa la posible eliminación de estas unidades. Originalmente diseñadas como un espacio de acercamiento entre la ciudadanía y sus representantes, las oficinas han sido cuestionadas por su uso político-clientelista. La reestructuración plantea interrogantes sobre el futuro de los mecanismos institucionales de participación dentro de la Asamblea.

Un anteproyecto de ley plantea que los diputados principales y suplentes deban realizarse pruebas antidopaje de manera obligatoria y periódica. El propósito de la iniciativa es reforzar la confianza ciudadana y garantizar condiciones éticas en el ejercicio legislativo. La propuesta será revisada en la Comisión de Credenciales, donde se evaluará su viabilidad y alcance como mecanismo de control parlamentario.