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Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Espacio Cívico y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, emitieron un comunicado conjunto respaldando los recientes esfuerzos de auditoría y fiscalización de la Contraloría General de la República sobre la Asamblea Nacional. Hacen un llamado para que este proceso de fiscalización sea robusta, profunda, meticulosa y sea un esfuerzo para recuperar la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana. Esto luego de que entre 2019 y 2024 se reportara que la Asamblea Nacional manejó más de mil millones de dólares a la vez que se incumplía sistemáticamente la Ley 6 de Transparencia.
 

En un intento por reactivar el proyecto de ley de amnistía, previamente rechazado en primer debate por la Comisión de Gobierno, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), presentó un informe de minoría con la intención de que sea respaldado por la mayoría del pleno legislativo. El propósito de este informe es revivir el controvertido proyecto, que propone otorgar amnistía a personas acusadas en casos de alto perfil como New Business, Odebrecht y Blue Apple.

Como parte de la intención de la Contraloría General de la República de iniciar un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional, durante la primera quincena de abril, los funcionarios legislativos recibieron sus pagos de forma presencial y mediante cheques, en lugar del tradicional método de depósito vía ACH. Esta medida tuvo como objetivo verificar la presencia física del personal y detectar posibles casos de “botellas”, es decir, personas que cobran un salario sin cumplir funciones efectivas dentro del órgano legislativo.

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que, al cierre del año 2024, se destinaron $89.8 millones en concepto de sueldos para funcionarios permanentes y eventuales de la Asamblea Nacional. El mismo documento indicó que la institución contaba con 4,783 funcionarios activos registrados en su planilla. Al comparar esta cifra con la cantidad de colaboradores en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), se evidenció una disparidad significativa en la cantidad de personal contratado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Después de que culminara el proceso de entrega de cheques directos a los más de 3,800 servidores del órgano legislativo por parte de la Contraloría General de la República en medio de un proceso de fiscalización a la Asamblea Nacional, la Asociación de Funcionarios de la Asamblea Nacional informó que las comisiones permanentes volvieron a trabajar con normalidad. Este paro de labores ocurrió después de que la misma asociación rechazara la existencia de 'botellas', la instalación de relojes con marcación biométrica, así como el proyecto de ley de reformas a la carrera legislativa.